Recuperación de tierras en Salitre y el encarcelamiento de Sergio Rojas

Estas palabras tienen la intención de poner en perspectiva algunos datos y juntar informaciones sueltas para que personas no relacionadas directamente con lo que está sucediendo en Salitre puedan entender la situación un poco mejor. Espero lograrlo.

Quizás lo primero que habría que tener en cuenta es que los pueblos indígenas son los ocupantes originales de estos territorios: de todo lo que ahora se llama Costa Rica, de todo lo que ahora se llama América. Pero fueron invadidos. Fueron asesinados, perseguidos, esclavizados, y les fueron arrebatadas sus tierras. Los territorios en los que actualmente se ubican los pueblos indígenas han sido los últimos pedazos de tierra en los que han podido resistir.

Salitre es uno de los territorios indígenas que se ubican en la zona Sur-sur de Costa Rica, en el cantón de Buenos Aires, provincia de Puntarenas. En esa zona también se encuentran los territorios de Térraba, Boruca, Curré, Cabagra y Ujarrás. En todos hay conflictos de tierras.

El Estado racista

En Costa Rica, desde la creación del Estado por un puñado de oligarcas del Valle Central, pasando por la invención de la llamada “identidad nacional”, se ha afianzado una negación de la existencia de pueblos originarios. Incluso desde el punto de vista étnico, la población del centro del país se considera “blanca”, es decir, de origen europeo.

Este racismo, transmitido de generación en generación, ve a los pueblos indígenas como atrasados, ignorantes, sucios, tontos y salvajes, y es el esquema mental que justifica las agresiones contra la población bribri de Salitre, contra la comunidad de Térraba en 2012, y la discriminación que viven diariamente las personas indígenas en el centro de salud, en la parada del bus o en el mercado de Buenos Aires.

A nivel estatal, el racismo se manifiesta de muchas maneras. Por un lado está el racismo caritativo que quiere ayudar a los “pobrecitos” a salir del atraso en que viven, irrespetando sus culturas y su autodeterminación. Bajo esa lógica, por ejemplo, el Estado otorga bonos de vivienda para la construcción de cajas de cemento que no se adaptan a las necesidades y usos de la gente de cada lugar.

Pero por otro lado está el racismo que ha mantenido archivado durante 20 años el proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas, que ha sido formulado junto con los pueblos y que vendría a consolidar un marco legal para el respeto a la autonomía de cada pueblo según sus costumbres. La Asamblea Legislativa no sólo se ha negado a aprobar el proyecto sino que mandó a desalojar violentamente una toma pacífica del Salón de Beneméritos que mantenían representantes de distintos territorios el 9 de agosto de 2010.

Marco legal

Ante la discriminación y maltrato que han sufrido los pueblos originarios de este continente desde la invasión europea hace 500 años, se la logrado el reconocimiento de derechos de los pueblos a nivel internacional. De ahí que existe una Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, los cuales han sido firmados por Costa Rica.

Estos convenios internacionales establecen que los pueblos tienen derecho a mantener sus culturas, sus idiomas, sus religiones y sus territorios.

En Costa Rica, la ley vigente actualmente es conocida como la Ley Indígena de 1977. En dicha ley se establece que los territorios indígenas son exclusivos para los pueblos indígenas, de manera que la posesión de tierras por parte de una persona no indígena es ilegal.

Es importante mencionar que esa ley ya reducía los territorios indígenas originales. En otras palabras, con esta ley el Estado les arrebató numerosas hectáreas a los pueblos indígenas.

Pero ni siquiera esos territorios reducidos han sido respetados y más bien han sido invadidos por finqueros y terratenientes locales, así como por plantaciones trasnacionales con la complicidad de diversas entidades estatales.

Según la legislación vigente, el Estado debe expulsar a los poseedores ilegales de fincas dentro de los territorios, a los cuales les correspondería una indemnización si demuestran que adquirieron las tierras antes de la ley de 1977.

Las recuperaciones

Sin embargo, el Estado costarricense no ha actuado. Por ese motivo, y ante la falta de aprobación de la Ley de Autonomía Indígena, la población bribri del territorio indígena de Salitre se ha decidido a recuperar las fincas que están en manos de personas no indígenas para repartirla a los legítimos propietarios del territorio.

Este proceso viene desarrollándose después de que representantes indígenas fueron agredidos y desalojados de la Asamblea Legislativa en 2010. Desde entonces, en distintos puntos del territorio, se han dado recuperaciones de tierra.

Cuando los finqueros y terratenientes no indígenas se apoderan de manera ilegal de terrenos, normalmente destruyen el bosque que encuentren y, con frecuencia, destinan las tierras a la producción de ganado. Esto tiene una serie de efectos en los ecosistemas y una de las principales afectaciones es en el agua: al cortar la vegetación el caudal de los ríos y quebradas disminuye y además se contamina a causa de los animales.

Las familias indígenas, en cambio, se posicionan en la tierra como parte del ecosistema: cultivan la tierra para la alimentación pero también cuidan el agua y el bosque porque reconocen que son parte de su sustento.

Además, el arraigo a la tierra es parte fundamental de su cultura. El idioma, las historias sagradas, el uso de plantas medicinales o las formas de siembra, son conocimientos se transmiten en el campo, a partir de una relación intensa con el entorno. 

Agresiones impunes

Ante las recuperaciones de tierra, la reacción de los finqueros y terratenientes no indígenas ha sido violenta. Al inicio fueron insultos, agresiones con palos, intimidaciones con disparos al aire. Luego fueron ataques cobardes en plena noche.

En enero de 2013, en Rio Azul de Salitre 50 finqueros envalentonados por el alcohol atacaron durante la noche el rancho de una familia recuperante de tierras. A uno de los compañeros que estaba en el lugar le dispararon en una pierna y lo marcaron con hierro caliente como si fuera ganado; otro sufrió la semi-amputación de tres dedos de su mano al intentar protegerse de un machetazo dirigido hacia su cuello.

 Durante el fin de semana del 5 y 6 de julio de 2014, unos “150 no indígenas (hombres y mujeres) invadieron el Territorio, persiguieron, dispararon armas de fuego, golpearon, lanzaron piedras y palos a los pobladores indígenas, quemaron 3 viviendas y 2 campamentos de recuperantes en las comunidades de Salitre “centro”, Cebror y Puente”, según el informe del Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena. Mientras el país miraba por televisión el partido de la selección nacional de fútbol, que perdía contra Holanda en el Mundial de Brasil, en las montañas de Salitre los finqueros y terratenientes se lanzaban a una cacería humana contra familias indígenas que huían por el bosque.

En aquel momento, además, los usurpadores del territorio bloquearon la calle de entrada con vagonetas de piedra y arena para impedir la entrada de ambulancias, bomberos ni policías.

Agresiones similares que incluyen la quema de ranchos de familias bribris, la intimidación con armas de fuego y la persecución por la montaña se han repetido en otras ocasiones a causa de la impunidad que gozan los agresores.

Es importante mencionar que las autoridades locales de Buenos Aires, así como la policía, son poseedores ilegales de tierra dentro de ese u otros territorios indígenas de la zona o son parientes de otros usurpadores, de manera que, cuando se han denunciado agresiones contra la población, el reporte policial dice que “todo está en orden”.

Sergio Rojas: preso político

Mientras los agresores que han atentado contra la vida y la integridad física de la población bribri, que además son ocupantes ilegales del territorio, siguen en la impunidad, el Estado costarricense a través de la Fiscalía Indígena ordena el encarcelamiento del compañero Sergio Rojas Ortíz, presidente de la Asociación de Desarrollo Integral Indígena (ADI) de Salitre y uno de los impulsores del proceso de recuperación de tierras.

Vale mencionar que Sergio había sufrido dos intentos de asesinato en los últimos años a causa de la lucha que ha emprendido por la recuperación del territorio junto con la población bribri de Salitre.

La acusación es por malversación de dineros (administración fraudulenta) que habrían sido entregados por el Fondo de Financiamiento Forestal de Costa Rica a la ADI de Salitre en el año 2012.

Pero independientemente de si hubo o no malversación de fondos, hay varios aspectos que es importante señalar.

En primer lugar, la desproporción del operativo policial para arrestar a Sergio y para llevar a declarar a otros miembros de la Junta Directiva de la Asociación como si estuvieran detenidos. Hubo retención de menores de edad así como otras violaciones a los derechos humanos.

Fueron casi 40 vehículos y más de 150 efectivos entre jueces, fiscales, funcionarios judiciales y policías, entre los que se encontraban miembros el Grupo de Apoyo Operativo. ¿Por qué no hubo un despliegue similar para detener a los agresores que queman ranchos e intentan asesinar a la población bribri?

Además, la Fiscalía solicita la prisión preventiva contra Sergio porque podría entorpecer la investigación: ocultar evidencia o coaccionar a las partes. Si los hechos de los que se le acusa sucedieron en 2012, suponiendo que hubiera evidencia que ocultar, ¿qué le hubiera impedido hacerlo durante estos dos años? La prisión preventiva no se justifica.

Se entiende que el encarcelamiento se da por razones políticas. La malversación de fondos es sólo una excusa para sacar a Sergio del territorio en el marco del proceso de recuperación de tierras. Es por eso que, desde las organizaciones sociales y las comunidades y personas que apoyamos la lucha por la tierra y la autonomía de los pueblos indígenas, se considera a Sergio Rojas como preso político.

Continúa la impunidad

Con la detención de Sergio Rojas, los agresores y usurpadores de tierras han sentido un espaldarazo por parte del Estado. Esto los ha motivado a realizar nuevos ataques en contra de familias bribris que reclaman un pedazo de tierra para vivir y trabajar y que légitimamente les pertenece. Actualmente, estos matones mantienen control armado del territorio, entran y salen armados a pesar de ser reconocidos como agresores de las familias, constantemente hacen disparos al aire, entre otras acciones de indimidación hacia la población bribri.  
Es importante mantenerse alerta, ya que es posible que durante la temporada de diciembre y enero se realicen nuevos ataques.