Miércoles. ¿Qué sabemos de Limón? ¿De lo
que está pasando en los muelles? ¿Qué sé de SINTRAJAP? Con esas preguntas viajé
el miércoles en la tarde.
Los medios de desinformación se han
encargado a lo largo de muchos años de construir una imagen falsa de lo que
está sucediendo realmente con la huelga de los trabajadores y trabajadoras de
los puertos.
En primer lugar, desde hace muchos años,
desarrollan una campaña de desprestigio hacia los sindicatos. Los tachan de
vagabundos y privilegiados. Con esto pierden de vista que lo que ellos llaman
privilegios son conquistas de la organización, y que en todos los sectores
laborales deberían existir grupos de trabajadores y trabajadoras para luchar
unidos en función de sus intereses.
En el caso particular del Sindicato de
Trabajadores de JAPDEVA y Afines Portuarios (SINTRAJAP), los medios de
propaganda de los empresarios se han encargado de presentar a la organización
sindical como violenta. La perspectiva no deja de ser racista y vallecentrista.
Con esto ha legitimado la represión
contra el personal en huelga, mientras el gobierno afirma que esta no tiene
razón de ser y se niega a negociar la cláusula 9.1 del contrato de concesión
con APM Terminals, que le daría la exclusividad a esta trasnacional holandesa
para la carga y descarga de contenedores.
¿Pero qué significa todo esto para la
población limonense? ¿Qué hay de esas notas amarillistas en las que se aprecia
fuego en las calles y gente con el rostro cubierto siendo reprimida por la
policía?
Cada vez que los periodistas a sueldo de
las empresas mediáticas hacen un pase “desde la provincia de Limón” con el mar
de fondo y pasan tomas de rutina desde lejos del puerto, afirman que los
muelles están “operando al 100%”. Lo mismo ha dicho el gobierno y la
administración de JAPDEVA.
Pero los representantes sindicales han
insistido en que eso no es cierto.
En el conflicto lo que está en juego es
el principal puerto del país, por el que entran y salen más de tres cuartas
partes de las importaciones y exportaciones.
Limón. No conocía la dirección del
sindicato, pensé que estaría cerca del puerto, pero está en el centro. Un
edificio angosto, de tres pisos. La huelga parece una fiesta. Afuera hay mucha
gente, conversando, bromeando, contando historias. Hay varios grupos jugando
dominó y otros alrededor, viendo a los que juegan. Adentro, similar, pero la
atención la capta un televisor, un percolador de café, y un dispensador de
agua. Arriba hay música, en el segundo piso. En el tercero, la junta directiva
del sindicato está definiendo la posición con la que viajarán el jueves a la
capital para reunirse nuevamente con el gobierno.
Las conversaciones con la gente, trabajadores
y trabajadoras, algunas entrevistas, con grabadora en mano, otras de
casualidad, en un pasillo, en la acera, o mientras comíamos, me permitieron
comprender de otra manera esta huelga. No sólo hablé con dirigentes, sino
también con las bases. Con la gente que cuida el edificio y se mantiene en
guardia por lo que pueda pasar, con marinos, remolcadores y trabajadores del
área de presupuesto, me hablaron de máquinas y de procedimientos. Y aprendí que
son expertos.
El gobierno dice que los puertos
funcionan al 100% porque unos “extranjeros” están haciendo el trabajo en lugar
de los huelguistas. Pero estos hombres conocen su trabajo, sus máquinas, sus
procesos. No se trata de hacer una tarea equivalente en otro puerto de Panamá.
El mar de Panamá no es el de Limón. La forma en la que es preciso maniobrar las
dos o tres naves que se encargan de remolcar el carguero que llega a puerto no
es igual en Limón que en cualquier lugar del mundo. Esto sin contar con las
inspecciones que no se realizan o la lentitud que insisten en llamar “operar
con normalidad”.
Ya lo han dicho en varias ocasiones los
representantes sindicales: los puertos operan con normalidad sólo cuando los
trabajadores están ahí. Sin ellos no hay normalidad.
El motivo de la huelga es la cláusula 9.1
que le da el monopolio a una empresa trasnacional para controlar la totalidad
de la entrada y salida de contenedores. Costa Rica perdería la soberanía de su
comercio exterior al permitir ese monopolio. Además, la Autoridad Reguladora de
Servicios Públicos (ARESEP) aprobó una tarifa para el movimiento de los
contenedores mayor que la que mantiene actualmente la Junta de Administración
Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica. Con esto se
encarecería el costo de la importación y exportación del país. No sólo la
población limonense, sino que la de todo el país tendría que pagar más por los
productos importados. Lo cual, en un país que ha dejado de producir sus propios
alimentos, significa un aumento en el precio de casi todos los productos
básicos.
Los medios de manipulación masiva y los
defensores del monopolio de APM Terminals (entre los que se cuenta el gobierno)
argumentan que la exclusividad es solo para los contenedores, que a JAPDEVA le
queda “lo demás”. Pero resulta que lo demás no existe. Es mínimo y está pronto
a desaparecer, de tal manera que muy pronto la totalidad del comercio marítimo
será mediante contenedores. A la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo
Económico de la Vertiente Atlántica no le quedarían más que desaparecer, al no
tener ingresos porque su actividad estaría en manos, exclusivamente, de una
empresa privada.
Los trabajadores y trabajadoras del
puerto, por lo tanto, están en huelga no sólo porque su lugar de trabajo está
amenazado con la desaparición. Lo que está en juego con la desaparición de
JAPDEVA va más allá de los casi 2 mil empleos que se perderían.
Es importante recordar que la provincia
de Limón ha sufrido una relación con el gobierno del Valle Central marcada por
el abandono y el despojo. Desde hace más de cien años, la región ha sido la
piñata de empresarios trasnacionales. Los sucesivos gobiernos parecen haberles
dicho “pasen y sírvanse”. De ahí que le obsequiaran miles de hectáreas al
empresario Minor Keith para que construyera su imperio bananero trasnacional
llamado United Fruit Company, o que permitan la expansión del desastroso
monocultivo de piña, la exploración minera y petrolera, y en general, el
despojo de los recursos de la población de la zona.
El abandono se ha hecho patente a lo
largo de la historia de la provincia. Y justamente algo que ha permitido que
los niveles de vida no se desplomen aún más, es JAPDEVA.
La institución tiene la obligación de
destinar un 15% de sus ingresos a obra social, lo que se traduce en escuelas,
caminos, puentes, hospitales, estadios y hasta barrios. Construcción y
reparación. A veces directamente realizando las obras y en otros casos
simplemente financiándolas. El reemplazo de un Estado ausente.
De ahí que la población limonense apoye
la huelga y comprenda su legitimidad.
Jueves. Entra una señora pidiendo que le
fotocopien un volante que hizo. Ella misma lo redactó. Tuvo una idea, la
escribió y ahora quiere reproducirla para informar a la población de lo que
está sucediendo con la huelga. Cuando es hora de las noticias, suben el volumen
al televisor y conectan el audio, que el resto del día lanza salsa y merengue a
toda la cuadra, para que amplifique el noticiero.
La gente reconoce que los periodistas
mienten. Afirman que esto se le va a salir de las manos al gobierno, porque la
exportación e importación están cerca de estar paralizadas. Nicaragua, al no
tener un puerto grande en el Caribe, se ha quejado de que la huelga le afecta.
Los representantes del sindicato no
llegaron a ningún acuerdo con el gobierno en la reunión de la mañana. La gente
no tenía una expectativa distinta. Mientras no se negocie la cláusula 9.1, no
se depondrá la huelga. Y la gente sigue. Lo tienen claro. Hay una total
confianza en los representantes. La posición que expresan es la de los
trabajadores y las trabajadoras.
Hoy viernes, declararon la huelga ilegal.
Siempre lo hacen. Lo que está en juego es demasiado grande como para que esa
declaratoria desestimule la lucha. Es el décimo día de huelga. Y contando.
