Hoy no hubo agua en todo el día

 Hace como 150 años, un mae que se llamaba Manuel Argüello Mora escribía artículos en los periódicos de la época. El mae era sobrino nada menos que de Juan Rafael Mora Porras, sí, el que era presidente cuando pasó toda la trama de William Walker y los filibusteros y Juan Santamaría y la quema del mesón y por eso el 11 de abril es feriado.  

Los escritos del mae recorrían esa frontera entre lo real y la ficción, entre lo que se supone que sí pasó y lo que más bien es invento del autor (del autor y sus loqueras, que hablan a través de él). Igual esa frontera no existe.

La vara es que últimamente ando enclochado con la escritura, entonces aquí estoy, ensayando a la manera de Argüello Mora. Y es que, sinceramente,  lo que me pasó hoy, y estas palabras que lo cuentan, no sé si son ficción o realidad. O ninguna, o las dos.

La vara es que me vine en bici desde Heredia.  ¿O sólo estoy imaginando que me vine en bici desde Heredia? Y llegué hecho picha de lo cansado. Me senté en el Parque España a la sombra de Juan Vásquez de Coronado y mandé unos mensajes a ver si dejaba guardada la bicicleta para seguir el resto del camino en bus, porque ya no echaba.

Y llegué a la casa y cuando voy de camino me llega un mensaje: lo sé porque me vibra en la bolsa del pantalón. Para momentos como ese es que uno chamaco aprendía a andar con una sola mano. El mensaje dice que hay una fiesta.

La vara es con música en vivo, con un artista que viene de Guatemala. Y que llegó caminando descalzo por estas aceras de Chepe. El mae hace música con game-boys. Sí, con esos nintendos portátiles, de los nuevos y de los viejos. Como si fuera el modelo me acuerdo que un compañero de la escuela que tenía uno lo llamaba “game-boy ladrillo”. Y así sonaba o así lo inventó mi delirio. Tal vez porque en un rincón de la casa había gente al chile jugando nintendo.  Ese juego que hay unos patos y usted tiene una pistola que apunta hacia la pantalla para matarlo y que un perro hecho de pixeles lo recoja.

Había luces que eran sensibles al sonido. Yo pensaba en una palabra: sinestesia.

Había una cerveza artesanal con el nombre “pixeleada”. Los maes tenían enchufado a un enfriador un tanque de oxígeno. Uno de los artesanos me explicó un montón de varas que no me acuerdo. O tal vez no me dijo nada.

Alrededor había una caterva de criaturas: humanoides con corbata (a veces con sotana), escupían palabras en el espacio. Había pájaros, monos, animales indescriptibles, una ballena, recuerdo un elefante tendido en el suelo. Todavía no se veía seca la sangre en las heridas de bala que lo habían matado. Todavía se escuchaba el estruendo de su cuerpo al caer.

Pero también había sonidos captados mediante cucharas y tenedores esparcidos por el piso con los que la gente podía jugar. Había un teclado que parecía normal. Había un teclado de compu que hacía música. Había juguetes convertidos en extrañas máquinas; un cable se conectaba a Melchor, uno de los reyes magos.

Cuando iba saliendo:

-La vara es que Juan Santamaría no existió. Lo inventaron los oligarcas para tramar a la población.

-¿Los oliqué?

Y en la pista los bomberos apagaban un incendio: unos cables mal pegados hicieron cortocircuito: ese chispero y cuatro casas quemadas. Esa gente hoy pasa frío.

Y no hubo agua en todo el día.

Recuperación de tierras en Salitre y el encarcelamiento de Sergio Rojas

Estas palabras tienen la intención de poner en perspectiva algunos datos y juntar informaciones sueltas para que personas no relacionadas directamente con lo que está sucediendo en Salitre puedan entender la situación un poco mejor. Espero lograrlo.

Quizás lo primero que habría que tener en cuenta es que los pueblos indígenas son los ocupantes originales de estos territorios: de todo lo que ahora se llama Costa Rica, de todo lo que ahora se llama América. Pero fueron invadidos. Fueron asesinados, perseguidos, esclavizados, y les fueron arrebatadas sus tierras. Los territorios en los que actualmente se ubican los pueblos indígenas han sido los últimos pedazos de tierra en los que han podido resistir.

Salitre es uno de los territorios indígenas que se ubican en la zona Sur-sur de Costa Rica, en el cantón de Buenos Aires, provincia de Puntarenas. En esa zona también se encuentran los territorios de Térraba, Boruca, Curré, Cabagra y Ujarrás. En todos hay conflictos de tierras.

El Estado racista

En Costa Rica, desde la creación del Estado por un puñado de oligarcas del Valle Central, pasando por la invención de la llamada “identidad nacional”, se ha afianzado una negación de la existencia de pueblos originarios. Incluso desde el punto de vista étnico, la población del centro del país se considera “blanca”, es decir, de origen europeo.

Este racismo, transmitido de generación en generación, ve a los pueblos indígenas como atrasados, ignorantes, sucios, tontos y salvajes, y es el esquema mental que justifica las agresiones contra la población bribri de Salitre, contra la comunidad de Térraba en 2012, y la discriminación que viven diariamente las personas indígenas en el centro de salud, en la parada del bus o en el mercado de Buenos Aires.

A nivel estatal, el racismo se manifiesta de muchas maneras. Por un lado está el racismo caritativo que quiere ayudar a los “pobrecitos” a salir del atraso en que viven, irrespetando sus culturas y su autodeterminación. Bajo esa lógica, por ejemplo, el Estado otorga bonos de vivienda para la construcción de cajas de cemento que no se adaptan a las necesidades y usos de la gente de cada lugar.

Pero por otro lado está el racismo que ha mantenido archivado durante 20 años el proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas, que ha sido formulado junto con los pueblos y que vendría a consolidar un marco legal para el respeto a la autonomía de cada pueblo según sus costumbres. La Asamblea Legislativa no sólo se ha negado a aprobar el proyecto sino que mandó a desalojar violentamente una toma pacífica del Salón de Beneméritos que mantenían representantes de distintos territorios el 9 de agosto de 2010.

Marco legal

Ante la discriminación y maltrato que han sufrido los pueblos originarios de este continente desde la invasión europea hace 500 años, se la logrado el reconocimiento de derechos de los pueblos a nivel internacional. De ahí que existe una Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, los cuales han sido firmados por Costa Rica.

Estos convenios internacionales establecen que los pueblos tienen derecho a mantener sus culturas, sus idiomas, sus religiones y sus territorios.

En Costa Rica, la ley vigente actualmente es conocida como la Ley Indígena de 1977. En dicha ley se establece que los territorios indígenas son exclusivos para los pueblos indígenas, de manera que la posesión de tierras por parte de una persona no indígena es ilegal.

Es importante mencionar que esa ley ya reducía los territorios indígenas originales. En otras palabras, con esta ley el Estado les arrebató numerosas hectáreas a los pueblos indígenas.

Pero ni siquiera esos territorios reducidos han sido respetados y más bien han sido invadidos por finqueros y terratenientes locales, así como por plantaciones trasnacionales con la complicidad de diversas entidades estatales.

Según la legislación vigente, el Estado debe expulsar a los poseedores ilegales de fincas dentro de los territorios, a los cuales les correspondería una indemnización si demuestran que adquirieron las tierras antes de la ley de 1977.

Las recuperaciones

Sin embargo, el Estado costarricense no ha actuado. Por ese motivo, y ante la falta de aprobación de la Ley de Autonomía Indígena, la población bribri del territorio indígena de Salitre se ha decidido a recuperar las fincas que están en manos de personas no indígenas para repartirla a los legítimos propietarios del territorio.

Este proceso viene desarrollándose después de que representantes indígenas fueron agredidos y desalojados de la Asamblea Legislativa en 2010. Desde entonces, en distintos puntos del territorio, se han dado recuperaciones de tierra.

Cuando los finqueros y terratenientes no indígenas se apoderan de manera ilegal de terrenos, normalmente destruyen el bosque que encuentren y, con frecuencia, destinan las tierras a la producción de ganado. Esto tiene una serie de efectos en los ecosistemas y una de las principales afectaciones es en el agua: al cortar la vegetación el caudal de los ríos y quebradas disminuye y además se contamina a causa de los animales.

Las familias indígenas, en cambio, se posicionan en la tierra como parte del ecosistema: cultivan la tierra para la alimentación pero también cuidan el agua y el bosque porque reconocen que son parte de su sustento.

Además, el arraigo a la tierra es parte fundamental de su cultura. El idioma, las historias sagradas, el uso de plantas medicinales o las formas de siembra, son conocimientos se transmiten en el campo, a partir de una relación intensa con el entorno. 

Agresiones impunes

Ante las recuperaciones de tierra, la reacción de los finqueros y terratenientes no indígenas ha sido violenta. Al inicio fueron insultos, agresiones con palos, intimidaciones con disparos al aire. Luego fueron ataques cobardes en plena noche.

En enero de 2013, en Rio Azul de Salitre 50 finqueros envalentonados por el alcohol atacaron durante la noche el rancho de una familia recuperante de tierras. A uno de los compañeros que estaba en el lugar le dispararon en una pierna y lo marcaron con hierro caliente como si fuera ganado; otro sufrió la semi-amputación de tres dedos de su mano al intentar protegerse de un machetazo dirigido hacia su cuello.

 Durante el fin de semana del 5 y 6 de julio de 2014, unos “150 no indígenas (hombres y mujeres) invadieron el Territorio, persiguieron, dispararon armas de fuego, golpearon, lanzaron piedras y palos a los pobladores indígenas, quemaron 3 viviendas y 2 campamentos de recuperantes en las comunidades de Salitre “centro”, Cebror y Puente”, según el informe del Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena. Mientras el país miraba por televisión el partido de la selección nacional de fútbol, que perdía contra Holanda en el Mundial de Brasil, en las montañas de Salitre los finqueros y terratenientes se lanzaban a una cacería humana contra familias indígenas que huían por el bosque.

En aquel momento, además, los usurpadores del territorio bloquearon la calle de entrada con vagonetas de piedra y arena para impedir la entrada de ambulancias, bomberos ni policías.

Agresiones similares que incluyen la quema de ranchos de familias bribris, la intimidación con armas de fuego y la persecución por la montaña se han repetido en otras ocasiones a causa de la impunidad que gozan los agresores.

Es importante mencionar que las autoridades locales de Buenos Aires, así como la policía, son poseedores ilegales de tierra dentro de ese u otros territorios indígenas de la zona o son parientes de otros usurpadores, de manera que, cuando se han denunciado agresiones contra la población, el reporte policial dice que “todo está en orden”.

Sergio Rojas: preso político

Mientras los agresores que han atentado contra la vida y la integridad física de la población bribri, que además son ocupantes ilegales del territorio, siguen en la impunidad, el Estado costarricense a través de la Fiscalía Indígena ordena el encarcelamiento del compañero Sergio Rojas Ortíz, presidente de la Asociación de Desarrollo Integral Indígena (ADI) de Salitre y uno de los impulsores del proceso de recuperación de tierras.

Vale mencionar que Sergio había sufrido dos intentos de asesinato en los últimos años a causa de la lucha que ha emprendido por la recuperación del territorio junto con la población bribri de Salitre.

La acusación es por malversación de dineros (administración fraudulenta) que habrían sido entregados por el Fondo de Financiamiento Forestal de Costa Rica a la ADI de Salitre en el año 2012.

Pero independientemente de si hubo o no malversación de fondos, hay varios aspectos que es importante señalar.

En primer lugar, la desproporción del operativo policial para arrestar a Sergio y para llevar a declarar a otros miembros de la Junta Directiva de la Asociación como si estuvieran detenidos. Hubo retención de menores de edad así como otras violaciones a los derechos humanos.

Fueron casi 40 vehículos y más de 150 efectivos entre jueces, fiscales, funcionarios judiciales y policías, entre los que se encontraban miembros el Grupo de Apoyo Operativo. ¿Por qué no hubo un despliegue similar para detener a los agresores que queman ranchos e intentan asesinar a la población bribri?

Además, la Fiscalía solicita la prisión preventiva contra Sergio porque podría entorpecer la investigación: ocultar evidencia o coaccionar a las partes. Si los hechos de los que se le acusa sucedieron en 2012, suponiendo que hubiera evidencia que ocultar, ¿qué le hubiera impedido hacerlo durante estos dos años? La prisión preventiva no se justifica.

Se entiende que el encarcelamiento se da por razones políticas. La malversación de fondos es sólo una excusa para sacar a Sergio del territorio en el marco del proceso de recuperación de tierras. Es por eso que, desde las organizaciones sociales y las comunidades y personas que apoyamos la lucha por la tierra y la autonomía de los pueblos indígenas, se considera a Sergio Rojas como preso político.

Continúa la impunidad

Con la detención de Sergio Rojas, los agresores y usurpadores de tierras han sentido un espaldarazo por parte del Estado. Esto los ha motivado a realizar nuevos ataques en contra de familias bribris que reclaman un pedazo de tierra para vivir y trabajar y que légitimamente les pertenece. Actualmente, estos matones mantienen control armado del territorio, entran y salen armados a pesar de ser reconocidos como agresores de las familias, constantemente hacen disparos al aire, entre otras acciones de indimidación hacia la población bribri.  
Es importante mantenerse alerta, ya que es posible que durante la temporada de diciembre y enero se realicen nuevos ataques.

Relato de un testigo: sobre la huelga en el puerto de Limón

Miércoles. ¿Qué sabemos de Limón? ¿De lo que está pasando en los muelles? ¿Qué sé de SINTRAJAP? Con esas preguntas viajé el miércoles en la tarde.

Los medios de desinformación se han encargado a lo largo de muchos años de construir una imagen falsa de lo que está sucediendo realmente con la huelga de los trabajadores y trabajadoras de los puertos.

En primer lugar, desde hace muchos años, desarrollan una campaña de desprestigio hacia los sindicatos. Los tachan de vagabundos y privilegiados. Con esto pierden de vista que lo que ellos llaman privilegios son conquistas de la organización, y que en todos los sectores laborales deberían existir grupos de trabajadores y trabajadoras para luchar unidos en función de sus intereses.

En el caso particular del Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA y Afines Portuarios (SINTRAJAP), los medios de propaganda de los empresarios se han encargado de presentar a la organización sindical como violenta. La perspectiva no deja de ser racista y vallecentrista.

Con esto ha legitimado la represión contra el personal en huelga, mientras el gobierno afirma que esta no tiene razón de ser y se niega a negociar la cláusula 9.1 del contrato de concesión con APM Terminals, que le daría la exclusividad a esta trasnacional holandesa para la carga y descarga de contenedores.

¿Pero qué significa todo esto para la población limonense? ¿Qué hay de esas notas amarillistas en las que se aprecia fuego en las calles y gente con el rostro cubierto siendo reprimida por la policía?

Cada vez que los periodistas a sueldo de las empresas mediáticas hacen un pase “desde la provincia de Limón” con el mar de fondo y pasan tomas de rutina desde lejos del puerto, afirman que los muelles están “operando al 100%”. Lo mismo ha dicho el gobierno y la administración de JAPDEVA.

Pero los representantes sindicales han insistido en que eso no es cierto.

En el conflicto lo que está en juego es el principal puerto del país, por el que entran y salen más de tres cuartas partes de las importaciones y exportaciones.

Limón. No conocía la dirección del sindicato, pensé que estaría cerca del puerto, pero está en el centro. Un edificio angosto, de tres pisos. La huelga parece una fiesta. Afuera hay mucha gente, conversando, bromeando, contando historias. Hay varios grupos jugando dominó y otros alrededor, viendo a los que juegan. Adentro, similar, pero la atención la capta un televisor, un percolador de café, y un dispensador de agua. Arriba hay música, en el segundo piso. En el tercero, la junta directiva del sindicato está definiendo la posición con la que viajarán el jueves a la capital para reunirse nuevamente con el gobierno.

 Las conversaciones con la gente, trabajadores y trabajadoras, algunas entrevistas, con grabadora en mano, otras de casualidad, en un pasillo, en la acera, o mientras comíamos, me permitieron comprender de otra manera esta huelga. No sólo hablé con dirigentes, sino también con las bases. Con la gente que cuida el edificio y se mantiene en guardia por lo que pueda pasar, con marinos, remolcadores y trabajadores del área de presupuesto, me hablaron de máquinas y de procedimientos. Y aprendí que son expertos.

El gobierno dice que los puertos funcionan al 100% porque unos “extranjeros” están haciendo el trabajo en lugar de los huelguistas. Pero estos hombres conocen su trabajo, sus máquinas, sus procesos. No se trata de hacer una tarea equivalente en otro puerto de Panamá. El mar de Panamá no es el de Limón. La forma en la que es preciso maniobrar las dos o tres naves que se encargan de remolcar el carguero que llega a puerto no es igual en Limón que en cualquier lugar del mundo. Esto sin contar con las inspecciones que no se realizan o la lentitud que insisten en llamar “operar con normalidad”.

Ya lo han dicho en varias ocasiones los representantes sindicales: los puertos operan con normalidad sólo cuando los trabajadores están ahí. Sin ellos no hay normalidad.

El motivo de la huelga es la cláusula 9.1 que le da el monopolio a una empresa trasnacional para controlar la totalidad de la entrada y salida de contenedores. Costa Rica perdería la soberanía de su comercio exterior al permitir ese monopolio. Además, la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP) aprobó una tarifa para el movimiento de los contenedores mayor que la que mantiene actualmente la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica. Con esto se encarecería el costo de la importación y exportación del país. No sólo la población limonense, sino que la de todo el país tendría que pagar más por los productos importados. Lo cual, en un país que ha dejado de producir sus propios alimentos, significa un aumento en el precio de casi todos los productos básicos.

Los medios de manipulación masiva y los defensores del monopolio de APM Terminals (entre los que se cuenta el gobierno) argumentan que la exclusividad es solo para los contenedores, que a JAPDEVA le queda “lo demás”. Pero resulta que lo demás no existe. Es mínimo y está pronto a desaparecer, de tal manera que muy pronto la totalidad del comercio marítimo será mediante contenedores. A la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica no le quedarían más que desaparecer, al no tener ingresos porque su actividad estaría en manos, exclusivamente, de una empresa privada.

Los trabajadores y trabajadoras del puerto, por lo tanto, están en huelga no sólo porque su lugar de trabajo está amenazado con la desaparición. Lo que está en juego con la desaparición de JAPDEVA va más allá de los casi 2 mil empleos que se perderían.

Es importante recordar que la provincia de Limón ha sufrido una relación con el gobierno del Valle Central marcada por el abandono y el despojo. Desde hace más de cien años, la región ha sido la piñata de empresarios trasnacionales. Los sucesivos gobiernos parecen haberles dicho “pasen y sírvanse”. De ahí que le obsequiaran miles de hectáreas al empresario Minor Keith para que construyera su imperio bananero trasnacional llamado United Fruit Company, o que permitan la expansión del desastroso monocultivo de piña, la exploración minera y petrolera, y en general, el despojo de los recursos de la población de la zona.

El abandono se ha hecho patente a lo largo de la historia de la provincia. Y justamente algo que ha permitido que los niveles de vida no se desplomen aún más, es JAPDEVA.

La institución tiene la obligación de destinar un 15% de sus ingresos a obra social, lo que se traduce en escuelas, caminos, puentes, hospitales, estadios y hasta barrios. Construcción y reparación. A veces directamente realizando las obras y en otros casos simplemente financiándolas. El reemplazo de un Estado ausente.

De ahí que la población limonense apoye la huelga y comprenda su legitimidad.

Jueves. Entra una señora pidiendo que le fotocopien un volante que hizo. Ella misma lo redactó. Tuvo una idea, la escribió y ahora quiere reproducirla para informar a la población de lo que está sucediendo con la huelga. Cuando es hora de las noticias, suben el volumen al televisor y conectan el audio, que el resto del día lanza salsa y merengue a toda la cuadra, para que amplifique el noticiero.

La gente reconoce que los periodistas mienten. Afirman que esto se le va a salir de las manos al gobierno, porque la exportación e importación están cerca de estar paralizadas. Nicaragua, al no tener un puerto grande en el Caribe, se ha quejado de que la huelga le afecta.

Los representantes del sindicato no llegaron a ningún acuerdo con el gobierno en la reunión de la mañana. La gente no tenía una expectativa distinta. Mientras no se negocie la cláusula 9.1, no se depondrá la huelga. Y la gente sigue. Lo tienen claro. Hay una total confianza en los representantes. La posición que expresan es la de los trabajadores y las trabajadoras.

Hoy viernes, declararon la huelga ilegal. Siempre lo hacen. Lo que está en juego es demasiado grande como para que esa declaratoria desestimule la lucha. Es el décimo día de huelga. Y contando.